Hermosillo, Sonora; 20 de febrero de 2025.- Con el objetivo de garantizar una adecuada planeación electoral, sin riesgos organizativos y evitar costos innecesarios en la elección de jueces y magistrados, el diputado Emeterio Ochoa Bazúa, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para posponer el proceso programado para este año hasta el 2027.
La propuesta es agregar un artículo transitorio décimo tercero a la Ley 76 que reforma el Poder Judicial de Sonora, estableciendo que en caso de no realizarse el proceso electoral en 2025, este se lleve a cabo en la que también se renovarán los poderes Ejecutivo, Legislativo y municipios, de manera concurrente con las elecciones de 2027.
Ochoa Bazúa detalló que busca evitar una elección apresurada y sin recursos suficientes, lo que podría afectar su correcta implementación.
Lo que también busca la iniciativa, dijo, es optimizar el presupuesto estatal, ya que la organización del proceso electoral extraordinario en 2025 requeriría más de 200 millones de pesos, fondos que podrían destinarse a prioridades como seguridad, salud y educación, expuso el diputado priista.
Es necesario, explicó, asegurar la participación ciudadana, evitando la reducción del número de casillas y posibles inconvenientes logísticos derivados de una preparación insuficiente.
Resaltó la importancia de aprovechar la experiencia de otras entidades, permitiendo que Sonora adopte mejores prácticas en la implementación de este nuevo modelo de elección judicial.
El legislador destacó que el actual proceso electoral extraordinario 2024-2025 tiene solo cinco meses de preparación, en contraste con los diez meses que regularmente se destinan para una elección ordinaria, lo que representa un reto organizativo significativo.
De aprobarse la iniciativa, Sonora alinearía la renovación de su Poder Judicial con los tiempos y procesos establecidos a nivel nacional, garantizando una transición más eficiente y democrática.
La propuesta se turnó a la comisión legislativa de Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su análisis, discusión y eventual votación en el Pleno del Congreso del Estado.
